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Comprender el Derecho Canónico/27



Las personas jurídicas en la iglesia


A petición de un lector de nuestro sitio web, queremos tratar de la existencia de las personas jurídicas en la Iglesia. En esta última, en efecto, no solo los fieles pueden actuar singularmente, tener unos derechos y obligaciones, sino que también un conjunto de ellos o un conjunto de bienes puede ser un sujeto de derecho eclesial.

Como el ordenamiento civil, el derecho canónico contempla, por lo tanto, además de las personas físicas, también la presencia de personas jurídicas.

El antiguo código de la Iglesia, en analogía con la mayor parte de los códigos civiles, hablaba de "personas morales". El actual código, en cambio, ha establecido una distinción entre las "personas morales" y las demás "personas jurídicas".

Personas morales y personas jurídicas

Las personas morales hallan el origen de su "personería" en una disposición divina, que trasciende al mismo ordenamiento canónico. Tienen una propia subjetividad en virtud de la voluntad del Señor, y no requieren un reconocimiento del derecho o de la autoridad eclesiástica. Ellas preceden al ordenamiento jurídico que regula la vida de la Iglesia. Se trata, en este caso, de la Iglesia católica y de la Sede Apostólica (can. 113).

Todas las demás personas jurídicas, en cambio, están creadas por disposición de la Iglesia. Son sujetos de derecho, titulares de deberes y de derechos correspondientes a la propia índole, distintos de aquellos de las personas físicas; tienen una propia subjetividad constituida por la autoridad eclesiástica, y una propia finalidad correspondiente a la misión de la Iglesia, no identificable con las finalidades de las individuales personas físicas implicadas.

En el seno de las personas jurídicas, se distinguen dos géneros: un conjunto de cosas, en el cual la subjetividad jurídica está constituida por bienes materiales o espirituales (es el caso, por ejemplo, de las fundaciones, en las que los bienes tienen el fin de promover actividades como hospitales, escuelas, lugares de culto...), y un conjunto de personas físicas, al menos tres, que persiguen un fin eclesial (can. 115)[1].

No son, por lo tanto, personas jurídicas aquellas formas de agregación de más personas, que no gozan de una auténtica "subjetividad" distinta de la de los individuos que forman parte de ellas o que no están jurídicamente reconocidas como tales.

Constitución de una persona jurídica

La persona jurídica, en la Iglesia, existe o en virtud de una disposición divina (la Iglesia católica y la Sede Apostólica) o por disposición del derecho canónico o por concesión, mediante decreto, de parte de la autoridad eclesiástica competente (can. 114, §1).

Las personas jurídicas constituidas por disposición canónica son, por ejemplo, los seminarios, las Diócesis, las provincias eclesiásticas, las Conferencias Episcopales, las parroquias, los Institutos de vida consagrada, etcétera.

Para constituir una persona jurídica precisa que el conjunto de las personas (o de los bienes) tengan objetivos que trascienden a las finalidades de los individuos, conformes a la misión de la Iglesia.

El elemento decisivo para la existencia de la persona jurídica, sea ella un conjunto de personas o de cosas, es exactamente su finalidad eclesial (apostolado, obras de piedad o de caridad, espirituales o temporales, etc.). Se tienen que reconocer, además, su utilidad eclesial y la disponibilidad de medios suficientes, o sea, de personas y bienes, para conseguir los propios objetivos.

La verificación de la finalidad, de la utilidad y de los medios de las personas jurídicas, constituidas por disposición del derecho, está realizada por el mismo ordenamiento canónico en el acto de constitución, que confiere automáticamente la personería jurídica. No es posible, por ejemplo, erigir a una Diócesis o una parroquia, que no sea contemporáneamente también una persona jurídica.

Acerca de las demás personas jurídicas, creadas por concesión de la autoridad eclesiástica, la finalidad eclesial, la utilidad y los medios adecuados son objeto de comprobación, y el otorgamiento de la personería jurídica acontece mediante un decreto administrativo.

La necesidad de la aprobación de los Estatutos de la persona jurídica, de parte de la autoridad de la Iglesia, está legitimada por la exigencia de verificar que su finalidad esté conforme a la misión eclesial (cf. can. 117).

Personas jurídicas públicas y privadas

Cuando la persona jurídica actúa "en nombre" de la Iglesia, desarrollando las finalidades a ella confiadas para el bien común, se llama "pública" (es el caso, por ejemplo, de las Diócesis, de la Conferencia Episcopal, de las parroquias, de los Institutos de vida consagrada, de las asociaciones públicas de fieles...); cuando, en cambio, no se verifica tal condición, la persona jurídica se llama "privada" (can. 116).

La persona jurídica pública puede estar prevista por el ordenamiento canónico o estar constituida con un acto de erección de parte de la autoridad, mientras que la persona jurídica privada puede estar constituida solo mediante un decreto.

La persona jurídica, de por sí, es perpetua, y no cesa ni cuando termine la existencia de los miembros de la misma. Su extinción puede acontecer por medio de una específica disposición de la autoridad competente o bien por la efectiva no actuación por un período de cien años. Solo las personas jurídicas privadas pueden extinguirse, además, por cesación, en conformidad con los Estatutos.

Tanto que se trate de un conjunto de personas como de cosas, la persona jurídica tiene necesidad de una o más personas físicas, que la representan y que actúan en su nombre, dentro de los límites establecidos por el derecho canónico y los propios Estatutos.

Precisa recordar, en fin, que una persona jurídica en la Iglesia no se vuelve automáticamente tal en el ámbito de los ordenamientos civiles. Para actuar como persona jurídica en el interior de un Estado (ser, por ejemplo, titular de bienes), es necesario el reconocimiento civil de la personería jurídica canónica. Este último es más fácilmente obtenible allá donde existen concordatos entre Estado e Iglesia. En cambio, no es siempre fácil en muchos Países, en los cuales dichos acuerdos no existen y donde la doble existencia, canónica y civil, de las personas jurídicas eclesiásticas es causa de no pocas dificultades[2].

Silvia Recchi




[1] En este caso, se distingue entre personas jurídicas "colegiales", si la acción está determinada, aunque de manera desigual, por los miembros que pertenecen a ellas (por ej., una asociación), y "no colegiales", cuando están dirigidas por individuales personas físicas (por ej., una parroquia).

[2] Cf. Corso istituzionale di diritto canonico. A cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Ancora, Milano 2005, 90-92; L. Vela - F.J.Urrutia, Persona giuridica, en Nuovo Dizionario di Diritto Canonico. A cura di C. Corral Salvador - V. De Paolis - G. Ghirlanda, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1993, 795-799.

 

08/09/09

 

Sitio de la Comunidad misionera Redemptor hominis