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Comprender el Derecho Canónico/50



EL DINERO DE LA IGLESIA/2


La adquisición de los bienes en la sociedad eclesial


 En nuestra reflexión precedente, hemos mostrado que las ofrendas de los fieles representan la componente fundamental de los recursos materiales de la Iglesia.

Estas pueden ser dadas libremente para la realización de fines eclesiales o pueden también ser pedidas en determinadas ocasiones. Nunca son exigidas, ni siquiera cuando suponen una iniciativa de parte de la autoridad eclesiástica.

Tales ofrendas están reguladas por la Conferencia Episcopal; esto no excluye el hecho de que los Obispos puedan proporcionar los detalles apropiados en la propia Diócesis. A veces, intervienen las normas de derecho canónico con algunas disposiciones.

Las diversas formas de subvenciones

Las subvenciones pueden tener la forma de colectas, cuestaciones y ofrendas dadas con ocasión de la celebración de los sacramentos o de los sacramentales.

Las colectas son las ofrendas de los fieles en respuesta a un pedido de la Iglesia y para un fin preciso; la iniciativa deriva de los Pastores. Hay colectas parroquiales, diocesanas, nacionales y también a favor de la Iglesia universal.

El Código indica algunas finalidades particulares para las cuales se pueden organizar algunas colectas: por ejemplo, a favor del seminario diocesano o para las misiones.

Varias Conferencias Episcopales han dado directivas con respecto a esto, estableciendo un calendario para las colectas nacionales y para las destinadas a la Iglesia universal.

Hay colectas realizadas para instituciones o finalidades eclesiales, y también bajo iniciativa de personas públicas, físicas o jurídicas. Las personas particulares necesitan el permiso del Ordinario para organizar colectas.

Las ofrendas dadas con ocasión de la celebración de los sacramentos y de los sacramentales tienen relación con actos de culto.

En numerosos países del mundo, estas representan la fuente principal de entradas para la subsistencia del clero. Estas son siempre una contribución voluntaria, también cuando se hacen en base a ofrendas establecidas por la Iglesia; en efecto, nunca se trata de "pagar" los sacramentos; estos últimos no pueden ser rehusados a los fieles por motivo de su indigencia.

El can. 1265 establece, por razones de uniformidad, que sea la asamblea de los Obispos de la provincia  la que determina el importe que pagar para tales ofrendas. El ministro no está autorizado a pedir más; en cambio, puede pedir menos, teniendo cuidado para que los más pobres no estén privados de los sacramentos por su pobreza.

Además de esto, la Iglesia siempre ha aprobado y fomentado la práctica, según la cual el sacerdote que celebra o concelebra una Misa, puede recibir una ofrenda para aplicar a ella una intención específica de los fieles. Las ofrendas dadas para las intenciones de Misa están sometidas a una disciplina detallada y rigurosa; efectivamente, el legislador eclesiástico da algunas reglas precisas con respecto a esto, para evitar aun la mínima apariencia de comercio y prevenir todo posible abuso.

Antecedentemente, hemos afirmado que la legitimidad de los bienes temporales eclesiales se fundamenta en su destinación real, para realizar los fines propios de la Iglesia. De aquí deriva también el principio del respeto de la voluntad de quienes dan ofrendas para fines eclesiales (cf. can. 1267 § 3). Estas ofrendas tienen un significado religioso; mediante ellas, el fiel quiere honrar a Dios en la realización de unos fines particulares. Cuando uno acepta una ofrenda con una destinación precisa, se compromete a respetar la voluntad de los donadores.

Las contribuciones obligatorias

A pesar del hecho de que la financiación de la Iglesia está fundada esencialmente en las ayudas voluntarias y en las ofrendas de los fieles, el legislador ha predispuesto, en algunas circunstancias, algunas formas obligatorias.

Se trata, concretamente, de algunos impuestos y del tributo diocesano.

Los impuestos se aplican cuando los fieles piden a la autoridad eclesiástica un acto administrativo, al cual le corresponde un importe para el servicio ofrecido.

 El impuesto expresa, en práctica, una contrapartida del fiel para obtener actos administrativos como licencias, certificados, documentos, un proceso, etc. El Código confía a la asamblea de los Obispos de la provincia eclesiástica el poder de establecer el monto de los impuestos en vigencia en las Diócesis respectivas. En cambio, pertenece a la Santa Sede fijar las retribuciones para los actos administrativos de los que ella es autora, como en el caso de erección de una Diócesis o de iglesias, y de bulas de nombramiento de los Obispos.

Los gastos judiciales para los procesos en los tribunales eclesiásticos están fijados por el Obispo diocesano que tiene competencia sobre el tribunal.

También el tributo diocesano es una contribución obligatoria que, a diferencia de los impuestos, no tiene una prestación correspondiente. Se trata de una forma de financiación de la Iglesia local, subsidiaria a las demás fuentes de entradas, y tiene que ser aplicada con gran moderación y en condiciones de real necesidad.

El can. 1263 distingue dos tipos de contribuciones financieras que el Obispo diocesano puede imponer: un tributo ordinario y una recaudación extraordinaria; prescribe, además, los procedimientos requeridos y determina a las personas que deben pagarlos.

El tributo ordinario puede ser establecido, mediante decreto del Obispo, para las necesidades de la Diócesis, respecto a las personas jurídicas públicas sometidas a su jurisdicción. El Código prevé que sea "moderado" y "proporcionado".

No están sometidas a este las personas físicas y jurídicas, privadas o públicas, que no dependen de la jurisdicción del Obispo diocesano.

En cambio, la recaudación extraordinaria puede ser impuesta a personas físicas y jurídicas, en una situación de "grave necesidad" de la Diócesis, y tiene que ser moderada. Antes de decidir sobre los tributos ordinarios o extraordinarios, el Obispo está obligado a consultar al Consejo para los Asuntos Económicos y al Consejo Presbiteral.

Responsabilizar a los fieles

 Exponiendo los principios del sistema de financiación de la Iglesia, según la disciplina canónica, hemos constatado que ella vive esencialmente gracias al sostén de sus miembros.

Cuanto más los fieles se sienten responsables de la misión de la Iglesia e implicados en ella, tanto más sus subvenciones serán espontáneas, para asegurar los medios de los que ella tiene necesidad.

Un programa de evangelización y una formación de los fieles en la corresponsabilidad son, en este sentido, "fructuosos" también para adquirir los medios necesarios.

Las autoridades eclesiásticas, de su parte, están obligadas a respetar la disciplina canónica y a asegurar la transparencia en la administración de los bienes eclesiásticos, conscientes de que el derecho de exigir subvenciones de los fieles siempre es determinado por lo que es verdaderamente esencial y necesario para la vida de la comunidad eclesial.

Silvia Recchi

(Traducido del italiano por Luigi Moretti)



 



08/07/2012
 

Sitio de la Comunidad misionera Redemptor hominis