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Home arrow Comprender el Derecho Canónico arrow Comprender el Derecho Canónico/51. La renuncia del Papa al ministerio pontificio
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LA RENUNCIA DEL PAPA AL MINISTERIO PONTIFICIO 

 

El evento ya forma parte de la historia. Cuando lunes, 11 de febrero, a las 12.00, Benedicto XVI ha comunicado que renunciaba a su ministerio pontificio, la sorpresa ha sido general, incluso entre los mismos Cardenales reunidos en Consistorio.

Su discurso, pronunciado en latín, no dejaba dudas.

Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que, por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. … Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de Obispo de Roma, Sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los Cardenales el 19 de abril de 2005, de forma que, desde el 28 de febrero de 2013, a las 20.00 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocado, por medio de quien tiene competencias, el Cónclave para la elección del nuevo Sumo Pontífice"[1].

Los medios de comunicación de masas han difundido este anuncio, con la sorpresa que ha suscitado en todo el mundo. Sin embargo, Benedicto XVI ha respetado rigurosamente el derecho de la Iglesia, que prevé que el Romano Pontífice pueda renunciar a su encargo.

La normativa canónica

El Romano Pontífice tiene el derecho de renunciar a su oficio. En efecto, las causas de cesación del primado del Papa previstas por el derecho de la Iglesia son: la muerte y la renuncia.

Acerca de la cesación del oficio a causa de la muerte del Papa, habla sobre todo la Constitución apostólica Universi dominici gregis[2], dando la normativa que regula la vacancia de la Sede Apostólica en todos los detalles.

A la renuncia al primado pontificio, la Constitución le hace algunas breves referencias (cf. nn. 1 y 3), pero, es sobre todo el can. 332 §2 del Código de Derecho Canónico el que explicita sus condiciones.

El canon afirma que la renuncia debe ser libre, no impuesta, emitida en estado de dominio de sí, y tiene que ser debidamente manifestada, es decir, hecha por escrito o delante de al menos dos testigos. Benedicto XVI la ha anunciado libremente, después de haber examinado reiteradamente su conciencia, delante de los Cardenales reunidos en Consistorio.

El can. 332 §2 añade, además, que tal renuncia, para ser válida, no es necesario que sea aceptada por nadie[3].

La renuncia a un oficio en la Iglesia

El derecho canónico prevé la renuncia a un oficio eclesiástico.

Normalmente, se distingue la renuncia voluntaria, libremente presentada por el titular del oficio, y la renuncia solicitada. Esta última acontece, por ejemplo, cuando se ha alcanzado el límite de edad (cf. cans. 186, 354, 401 §1) o a causa de una enfermedad o bien por ulteriores motivos, que hacen a la persona no apta para cumplir su ministerio (cf. can. 401 §2).

Para que la renuncia sea legítima, se requiere una “justa causa”, es decir, que esté fundada en elementos que puedan justificarla a nivel subjetivo (las condiciones particulares del sujeto) y a nivel objetivo (el bien de la Iglesia, la salvación de las almas...).

El titular del oficio, para renunciar al mismo, debe ser responsable de las propias acciones. Serían, por lo tanto, jurídicamente nulas las renuncias hechas en estado de embriaguez o en una condición de violencia física, de miedo grave, o todavía a causa de un error, de dolo o de simonía (cf. can. 188).

El derecho define también la forma exterior de la renuncia, que tiene que ser comunicada por escrito o de viva voz delante de al menos dos testigos. Además, la renuncia podría ser revocada por la persona que la ha hecho, si aún no haya producido efecto; pero, desde el momento en que entra en vigencia, ya no puede ser revocada (cf. can. 189 §4).

En el Código de Derecho Canónico se habla de renuncias que deben ser aceptadas por la autoridad competente para que tengan efecto, y que, por lo tanto, deben ser presentadas a la autoridad que ha conferido el oficio. Otras renuncias, en cambio, tienen valor en sí y entran en vigencia por la simple comunicación que hace de ella la persona que renuncia (cf. can. 189 §3).

Entre las renuncias que tienen que ser aceptadas, hay la renuncia al encargo que un Obispo presenta al Papa (cf. can. 416) o la que un párroco presenta a su Obispo (cf. can. 538 §1). En cambio, no hay necesidad de aceptar la renuncia del Romano Pontífice a su encargo[4].

La renuncia hecha por Benedicto XVI, pues, non tiene necesidad de ser aceptada; entra en vigencia ipso iure, mediante la manifestación legítima y formal hecha por el titular.

El poder del Romano Pontífice

El canon que regula la renuncia al ministerio pontificio es jurídicamente coherente con el canon que define el poder del Romano Pontífice.

Este último posee en la Iglesia una potestad ordinaria, atada a su función de manera regular y permanente; suprema, esto es, a la cabeza de la jerarquía eclesiástica, de modo que toda otra autoridad está subordinada a él[5]; plena, es decir, ilimitada en la Iglesia en cuanto a plenitud y extensión (el Papa tiene la plenitud de las funciones de santificar, enseñar y gobernar); inmediata, en virtud de su derecho de intervención directa, en cada momento y sin necesidad de intermediarios; universal, es decir, sobre la Iglesia toda entera, sobre cada Iglesia particular y sobre cada fiel (cf. can. 331).

El Romano Pontífice obtiene tal potestad plena y suprema en la Iglesia mediante la elección legítima por él aceptada, junto a la ordenación episcopal (cf. can. 332 §1).

En la persona del Papa, pues, se encuentran unidas la plenitud del poder de jurisdicción (potestas regiminis) y la del poder de orden (potestas ordinis).

Esta última es atada al sacramento del orden sagrado, cuya plenitud es otorgada con el orden episcopal. El Papa es el Obispo de Roma y dispone de todos los poderes sacramentales conferidos a los Obispos.

El poder de jurisdicción le confiere la facultad para gobernar a la Iglesia; con respecto a esta, él posee algunas competencias y algunas prerrogativas propias, que no se limitan a una simple función de supervisión, de representación o de inspección.

La potestad de gobernar y de enseñar, como también el carisma de la infalibilidad, le son otorgados desde el momento de la aceptación de su elección, aún antes de su ordenación. Si un simple clérigo, sacerdote o diácono o bien un laico fuera elegido Papa (lo que es canónicamente posible, aunque hoy muy improbable), tendría que recibir inmediatamente los órdenes sagrados hasta la ordenación episcopal (cf. can. 332 §1), sin que la potestad de gobierno dependa de esto.

Quien hubiese sido elegido Papa sin haber recibido el orden sagrado estaría impedido solo de ejercer la potestad del orden episcopal, pero no la potestad de gobierno. En la historia de la Iglesia hay varios ejemplos con respecto a esto. Se puede citar a Bonifacio VIII, quien, durante el breve período de meses que separó su elección a Pontífice de su ordenación episcopal, anuló todos los nombramientos eclesiásticos hechos por sus dos antecesores, Nicolás IV y Celestino V, y suspendió todas las dignidades eclesiásticas creadas por este último, sin ni siquiera el parecer de los Cardenales. Un caso aún más significativo es el de Adriano V, quien reinó solo 38 días como diácono, pero, cuyos actos nunca fueron anulados más tarde, ni el, particularmente importante, de la abrogación de la Constitución de Gregorio X sobre el Cónclave, requerida directamente por el Concilio ecuménico de Lyon[6].

Con referencia al elegido que es ya Obispo, su elevación al Sumo Pontificado no le añade nada en materia sacramental, puesto que tiene ya la plenitud del sacramento del orden.

El elegido se vuelve Papa en cuanto haya respondido afirmativamente a la pregunta: “¿Aceptas tu elección, canónicamente hecha, a Sumo Pontífice?", sin ninguna otra forma o condición.

Que sea o no sea Obispo, quien es elegido como Romano Pontífice no recibe una misión canónica, porque ningún cuerpo y ningún dignatario de la Iglesia es superior al Papa, ni el Colegio de los Obispos ni el Colegio de los Cardenales; recibe, en cambio, una misión de la que es investido directamente por Dios, desde el momento de la aceptación de su elección (que es también la aceptación del ministerio de Obispo de Roma y, por lo tanto, el acuerdo para recibir la ordenación episcopal eventualmente carente).

Esta independencia del Papa de toda instancia y de cualquier cuerpo eclesial se encuentra evidenciada también con respecto a la cesación de su encargo, en conformidad con el can. 332 §2. El Papa tiene el poder de renunciar al oficio, por el bien de la Iglesia y sin someter a nadie su decisión.

El poder de orden siempre permanece en quienes han recibido el sacramento del orden, incluso en caso de que hubieran perdido su ejercicio, porque el sacramento imprime en la persona un carácter indeleble que no puede ser borrado por ninguna autoridad humana.

No es así, en cambio, acerca de la potestad de jurisdicción. Esta es provisional y revocable y cesa con el fin del oficio y del servicio.

Con su renuncia legítima, Benedicto XVI ha perdido la potestad de jurisdicción para gobernar a la Iglesia y, por eso, ha cesado de ser Romano Pontífice.

Silvia Recchi

(Traducido del italiano por Luigi Moretti)

_____________________

[1] Benedicto XVI, Declaratio (11 de febrero de 2013).

[2] Juan Pablo II, Constitución apostólica Universi dominici gregis, 22 de febrero de 1996.

[3] “Si el Romano Pontífice renunciase a su oficio, se requiere para la validez que la renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no que sea aceptada por nadie”, can. 332 §2.

[4] El otro caso de renuncia que no tiene necesidad de ser aceptado es el del Administrador diocesano, cuyo acto de renuncia debe ser simplemente presentado al colegio de los consultores, cf. can. 430 §2.

[5] Los actos del Romano Pontífice son sin apelación; igualmente, el Papa no puede ser juzgado por nadie, cf. can. 1404, 333 §3.

[6] Cf. J.-B. d’Onorio, Le Pape et le gouvernement de l’Église, Tardy, Paris 1992, 69.


29/05/2013


 

Sitio de la Comunidad misionera Redemptor hominis