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EL NUEVO LÍDER DE BRASIL AMENAZA LA AMAZONÍA;

UNA TRIBU SE PREPARA PARA PELEAR/3

 

   


El dilema de Midas

Semanas después, varios agentes federales y policías armados, de las dos agencias de protección ambiental de Brasil, llegaron a un campamento minero en munduruku, a bordo de cuatro helicópteros. La misión fue el comienzo de la operación Pajé Bravo, en honor a un mito indígena de una persona malévola que fue expulsada.

Varios legisladores quieren expandir la minería, los cultivos y la tala, pero hay procuradores y funcionarios que intentan prevenirlo por medio de la autoridad, para aplicar leyes ambientales mientras todavía existen.

Sin embargo, las redadas logran poco. Como es habitual, en esta ocasión los mineros corrieron hacia la selva, cuando se acercaban los helicópteros, y los investigadores no pudieron hacer arrestos ni muchas preguntas. Los agentes abrieron fuego contra alguna maquinaria y moradas del campamento, antes de irse.

"Fue como zona de guerra", dijo Valmir, un minero que pidió no dar su apellido por temor a represalias. "Ninguno aquí es bandido. Si el Gobierno nos ofrece empleo que no sea en las minas, nadie regresaría acá".

Días después, los procuradores federales buscaron a los vendedores de oro en las zonas urbanas más cercanas, para una segunda fase de su investigación. Esta fue apodada "Dilema de Midas", como el rey que volvía en oro todo lo que tocaba.

"Hay un paralelo con la explotación de riquezas nacionales", dijo Gecivaldo Vasconcelos Ferreira, policía federal que ayudó a liderar la investigación, sobre el nombre del operativo. "Si no son explotadas de manera responsable se vuelven una maldición".

Luis Camões Boaventura, procurador encargado del caso, dijo que las autoridades apenas si han develado la primera capa de la industria, que es respaldada por políticos locales y nacionales.

Hay cientos, si no miles, de minas de oro ilegales a lo largo del río Tapajós, y las cadenas de suministro están separadas, para que sea difícil llegar desde ahí hasta los jefes de la minería, explicó Camões Boaventura.

"Es un problema muy serio", indicó.

En mayo, los procuradores exigieron tomar acciones, con la advertencia de que el comercio de oro "potencialmente resultaría en la extinción de comunidades indígenas y culturas tradicionales".

Los procuradores federales han dicho que lo que viven algunas comunidades se califica como "genocidio".

Es una postura que no comparten otros políticos federales, estatales o locales. En el Congreso, una coalición conocida como el bloque ruralista ha impulsado varias medidas, para facilitar el acceso a minerales y a cultivo en zonas protegidas.

Bolsonaro, diputado que fue elegido a la presidencia por un margen amplio, ha dado a entender desde hace tiempo que eso es lo que promueve.

"Si dependiera de mí, no habría más áreas indígenas en el país", dijo después de su triunfo a finales de octubre.

Para deshacerse de esas zonas protegidas necesitaría cambiar la Constitución. Pero Bolsonaro ha amenazado con tomar pasos más pequeños, como dejar de imponer multas contra empresas e individuos que violan las leyes medioambientales.

Ya había hecho este tipo de propuestas anteriormente. En el 2012, cuando él mismo fue multado por pescar en un área protegida, introdujo un proyecto en el Congreso para que los integrantes de dos agencias federales que monitorean la minería, pesca y tala ilegales pudieran portar armas.

Durante la campaña, dijo que el sistema de tierras protegidas es obsoleto, e hizo  eco de lo que se decía en la dictadura militar: que esas zonas frenan el crecimiento económico y hasta las perspectivas individuales de personas indígenas. Declaró que había llegado el momento de "reintegrarlas a la sociedad" y reconocer que ellas "no quieren vivir en zoológicos".

Bolsonaro argumenta que Brasil ya no puede tolerar que tantas tierras estén apartadas y protegidas como territorios indígenas, parques nacionales y zonas de conservación.

"Todo eso impide nuestro desarrollo", ha dicho.

Los líderes munduruku que se oponen a la minería se entusiasmaron, cuando se enteraron de las redadas. Pero poco después, algunos de ellos como Kabá recibieron amenazas.

"La expectativa de los líderes indígenas, cuando denunciaron lo que sucedía, era que iba a llegar el Estado y expulsar a la gente blanca", dijo Danicley de Aguiar, activista de Greenpeace que ha asesorado a los munduruku. No fue así.

Adonias Kabá Munduruku, uno de los líderes de la tribu que sí tiene acuerdos con los mineros, opinó que proteger el medioambiente y las tradiciones indígenas son metas loables, pero no realistas.

"Es la única manera para nosotros, como mineros indígenas, de enviar a nuestros hijos a estudiar a las ciudades, de que puedan ir a la universidad", dijo Adonias, de 40 años. "Los padres quieren que sus hijos aprendan, que estén preparados, para que no terminen como nosotros: trabajando en las minas".

Los procuradores aún no presentan cargos contra nadie, después de las redadas, y la minería de oro se mantiene.

"Lo que vemos es que es un crimen que queda impune", dijo Paulo de Tarso Moreira Oliveira, procurador federal.

Ernesto Londoño

(Lis Moriconi y Manuela Andreoni colaboraron
con el reportaje desde Río de Janeiro)


 


© Il Sismografo (The New York Times) - 11 de noviembre de 2018
    Fotos a cargo de la redacción de www.missionerh.it

 


19/11/2018

 

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