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Violencia juvenil y debilidad institucional




El episodio de violencia estudiantil perpetrado el viernes pasado en el Colegio Nacional, en el cual unos pocos alumnos mayores decidieron conformar una patota para obligar a otros a cortarse el cabello, llevando a cabo atentados contra la dignidad y la libertad de algunos de sus compañeros, acabó en medidas punitorias asumidas por las autoridades de la institución, respaldadas por el Ministerio de Educación y Cultura, consistentes en la suspensión de siete de ellos y la expulsión de cuatro, sanciones a las cuales siguió otro acto de fuerza de los afectados, que decidieron resistirse dentro del predio de la institución, debiendo ser desalojados por la fuerza o poco menos.

Estos hechos podrían parecer triviales en sí mismos si, desde otra óptica más amplia, se observa el desorden que parece inundar nuestra sociedad en general, pero reflejan algo más profundo y preocupante, cual es que algunos jóvenes que apenas están saliendo de la adolescencia, provenientes de familias integradas, con acceso a una educación formal de buen nivel relativo, se comporten igual a gamberros o patoteros que carecen de esas ventajas.

Esta grotesca manifestación de conducta vulgar y violenta contrasta mucho con las condiciones de existencia de estos estudiantes, citadas anteriormente, disociación que obliga –o debería obligar– a reflexionar con mucha preocupación acerca de los verdaderos orígenes de la perturbación psicológica en ciertos grupos e individuos del sector juvenil de nuestra sociedad.

Si la violencia es perpetrada por chicos de barrios marginales, la explicación que suele darse de ella invariablemente incurre en el simplismo de atribuir la fuente de todo a la pobreza y las carencias familiares y de educación. Se repite este aserto y la discusión acaba, con lo cual se da paso a otra suposición: la de que cuando las condiciones socioeconómicas y culturales mejoren, automáticamente estos males desaparecerán. En este esquema explicativo elemental, por consiguiente, los victimarios quedan exculpados al considerárselos a ellos también víctimas de un sistema social y político defectuoso e injusto.

Pero, cuando las mismas anomalías como la agresividad, la inconducta, el desprecio por las reglas y la desadaptación social se manifiestan en grupos de jóvenes que nunca padecieron las carencias de los marginales, entonces la famosa hipótesis de localizar las causas de todo mal social en ese mítico "sistema" aludido cae por su base.

Algún factor o factores más reales y concretos están fallando en nuestro país, en el caso de los jóvenes que se salen de línea sin los motivos clásicos aparentes. Tal vez estos males tengan otra base oculta en el pésimo funcionamiento general de la institucionalidad que permite los vacíos de autoridad y la impunidad, como efectos de la negligencia de quienes tienen que mantener el orden público y hacer respetar las normas de convivencia.

Veamos más detalladamente este caso de los estudiantes del Colegio Nacional. La madre de una de las víctimas de la agresiva patota declaró que "... agarraron a mi hijo, lo metieron al centro (local del centro de estudiantes), le cortaron el pelo y lo amenazaron de muerte. Son 81 las víctimas de estos chicos". Esta señora recurrió a una comisaría, donde el propio comisario le expresó que "tenía que sacar nomás del colegio a su hijo porque siempre ellos (los agresores) resuelven con sus contactos". ¡Qué gran consuelo de parte de la autoridad!

Se diría que en el consejo de ese comisario están contenidas casi todas las explicaciones de las causas del caso bajo comentario. Por de pronto, lo que más rápidamente resalta es la impunidad, el mal general del país. Estos estudiantes de conducta desviada hacen lo que quieren porque sus actos no tienen consecuencias. Hay gente mayor con influencias que les dan respaldo y, con eso, los envalentonan.

No menos destacable, en este episodio, es la notoria debilidad que padecen las autoridades a cuyo cargo está el manejo del orden en nuestro país. Resulta que, para obligar a comportarse debidamente a un grupo reducido de jóvenes estudiantes insubordinados, el director del colegio tuvo que pedir auxilio nada menos que al ministro de Educación y Cultura, al Ministerio Público y a la Policía. Tres instituciones –se supone de la más alta jerarquía orgánica del Estado, que tampoco se atrevieron a intervenir directa y eficazmente. En efecto, el ministro, a su vez, tuvo que presentar una acción de amparo para obtener una orden de desalojo judicial.

Francamente ridículo.

Se supone que en una sociedad donde las leyes y las instituciones se respetan por principio, no por excepción, la Policía tiene que actuar inmediatamente ante la simple denuncia y reclamo de un director académico, decano, rector o como sea el título del cargo superior que la institución educativa posea. Pero, aquí resulta que para resolver un caso menor, como el de este episodio del Colegio Nacional, el pobre director tuvo que ejecutar una larga parábola, que llegó hasta las cimas de dos Poderes del Estado, a fin de conseguir una medida correctiva elemental.

¡Qué triste papel hacemos en este país con nuestras débiles autoridades, perezosas, burocráticas, ineficientes, al extremo de tener que sacudir todo el aparato estatal para corregir la mala conducta de media docena de adolescentes!

Así que, por una parte, debemos preocuparnos por la posibilidad de que la conducta juvenil desviada hacia la agresividad o la ilicitud en general se agrave, dadas las facilidades que existen para el efecto; y, por otra parte, que la flacidez de nuestro sistema correctivo general y el de nuestras autoridades, en particular, hagan decaer tanto el respeto hacia las instituciones que una mayoría, harta de todo esto, en un momento dado decida actuar por su cuenta, en cuyo caso tendríamos que comenzar a emplear otra palabra temible: anarquía.

Podemos imaginar qué nos depara el futuro en este país si, con el transcurrir del tiempo, chicos como estos que fueron sancionados recientemente llegaran a convertirse en políticos o en jefes de cualquier institución pública.

El vacío de autoridad, la debilidad institucional, la ineficiencia de los funcionarios y sus mandos, la prepotencia basada en la influencia política y la impunidad general constituyen los grandes males subyacentes hoy en día en nuestra sociedad. Ameritan que la cuestión sea tratada muy seriamente.


 
© ABC Color. Editorial - 15 de setiembre de 2016
    Fotos a cargo de la redacción de www.missionerh.it



 


19/09/2016
 

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