Comprender el Derecho Canónico/13



LA PENA CANÓNICA Y LA CORRUPCIÓN DE LA PALABRA



El diario paraguayo "ABC Color" ha traído, en un artículo suyo del 14 de abril de 2008, en la página 1, que el "Vaticano dispensará a Lugo si gana las elecciones", remontándose a "altas fuentes de la jerarquía eclesiástica" (pág. 6).

Según el mismo diario (pág. 6), Mons. Lugo, aunque esté "en infracción en la Iglesia Católica, pero ante las leyes paraguayas ‘está habilitado' para competir, porque con la suspensión a divinis (que le prohíbe impartir sacramentos y dirigir una jurisdicción...) no está en el ejercicio ministerial. Si el mismo no hubiera recibido esta sanción, estaría inhabilitado, nos informaron".

A esta afirmación, en el mismo día, ha seguido un mentís de la Nunciatura Apostólica del Paraguay, publicado en el día siguiente en los tres principales diarios nacionales[1]. En el mismo diario "ABC Color", en la página 10, el 15 de abril de 2008, este se publica, subrayando que "la suspensión a divinis impuesta por el Vaticano a Lugo ... ‘constituye una sanción y no una facultad'".

Si analizamos el artículo ya citado y titulado: "Vaticano dispensará a Lugo si gana las elecciones" (pág. 1), notamos que el redactor afirma que sus fuentes provienen de "los pasillos eclesiales" (pág. 6); presuponemos que falte el uso correcto de determinadas expresiones, puesto que, como se sabe, los chismes, sean de sacristía o no, no valen un comino; y sobre todo entre el cuchicheo de voces que se entrelazan en un pasillo, nunca se sabe si se ha pronunciado verdaderamente la palabra "habilidad", además cuando son los medios de comunicación impresos los que recogen los chismes.

Por eso, consideramos necesario aplicar el método de una correcta "gramática" del lenguaje, definiendo la terminología utilizada en estos artículos, para poder comprender lo que dice realmente la Iglesia, acerca de una cuestión tan delicada.

En efecto, para no confundir, en el Derecho Canónico, una sanción (la suspensión a divinis) con una habilidad para ser candidato o con una facultad, se exige el conocimiento de algunas aclaraciones imprescindibles.

La habilidad


Ante todo, la noción de habilidad, en el Código de
Derecho Canónico, asume sentido, de manera particular con relación al can. 124 § 1, en el cual esta se pone en relación con la validez de un acto (jurídico) de la persona: "Para que un acto jurídico sea válido, se requiere que haya sido realizado por una persona capaz ...". Dicho canon está situado en el primer libro del Código, que trata de las Normas Generales. "El concepto de la habilidad comprende la capacidad natural (entendimiento y voluntad), la facultad canónica (también de derecho positivo) general (el ser sujeto de derechos y deberes:  => cánones 96ss. para las personas físicas ...) y [la] específica (por ej., un fiel no sacerdote no puede ser nombrado para un oficio, que lleva consigo la plena cura de las almas: cf. can. 150)"[2].

En síntesis, la palabra "habilidad" define la capacidad jurídica de un sujeto de realizar un acto jurídicamente válido. Pero, esta vale en el interior de una legislación eclesial.

El comunicado de la Nunciatura Apostólica, en efecto, correctamente habla de "facultad" y no de "habilidad", acerca de la cual no le corresponde pronunciarse, por ser esta un cometido de la Corte Constitucional de la República del Paraguay. La intención de la Iglesia, ciertamente, no es la de provocar un conflicto de intereses, que podría tener también el sabor de un accidente diplomático.

La facultad


"Facultades habituales", en efecto, son "potestades concedidas a personas determinadas, no por el derecho, sino por un acto administrativo singular"
[3]. Un lenguaje muy diferente, por lo tanto.

De cualquier manera, surge la siguiente pregunta: ¿se puede, alguna vez, considerar que, para tener la facultad de cumplir un acto, como aquel tan importante de candidatarse a las elecciones presidenciales de una República, uno tenga que incurrir en penas previstas por el Código de Derecho Canónico?

La sanción


La suspensión a divinis es una de las penas así llamadas "medicinales o expiatorias", previstas por el canon 1333, situado en el Libro IV del Código de Derecho Canónico, que trata de las Sanciones en la Iglesia.

"En cuanto medicinales, se entienden, pues, como un remedio, para vencer la contumacia del delincuente y hacerlo regresar al buen camino. ... La remisión de la pena medicinal, pues, no puede llevarse a cabo, si el delincuente no ha abandonado la contumacia. ... El can. 1347, 2, nos da los criterios para saber cuándo se puede pensar que la contumacia ha terminado: si el delincuente está arrepentido verdaderamente, si ha restablecido la justicia, reparando los eventuales daños, y ha eliminado el escándalo"[4].

En base a esta afirmación, se puede comprender por qué la Nunciatura Apostólica ha declarado en su documento que "la posición de la Iglesia Católica, expresada en documentos de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal Paraguaya acerca de la situación canónica y actividad político-partidaria de Mons. Fernando Lugo no ha variado" ("ABC Color", 15 de abril de 2008, 10).

La pena medicinal, en efecto, "tiene una gravedad especial por los efectos que comporta, particularmente la excomunión y el interdicto. ... Pero también los efectos de la suspensión tienen una particular gravedad, al menos si se trata de suspensión general, por sus repercusiones tanto en el individuo como en los fieles"[5].

Ahora bien, ya tales disposiciones, hacen comprender el valor de estas sanciones penales, que naturalmente no atañen solo al "Estado Pontificio", como entidad estatal delimitada por un territorio, sino a la Iglesia Católica presente en todo el mundo como la Iglesia de Cristo. Dichas sanciones, en efecto, no se pueden hacer respetar, con esposas o cárceles, sino con la fuerza espiritual que posee la Iglesia, la cual mira al fin sobrenatural de cada bautizado.

Con esta contribución nuestra, esperamos haber colaborado en aclaraciones, que puedan evitar que se ponga a la Iglesia en mala luz y se coloque en un plano en el que no tiene intención de entrar, como si hubiese impuesto algunas sanciones a un Obispo de su jerarquía, solo para favorecerlo en una campaña electoral, "habilitándolo" con sus "sanciones".

Tampoco se comprende el dolor y la preocupación que la Iglesia vive, en el momento en que, en particulares circunstancias, debe infligir una pena.

Confundir la "gramática" canónica puede, indudablemente, llevar a la trivialización del sufrimiento y de las preocupaciones que acompañan a la Iglesia en su viaje terrenal hacia el Cristo.

Maria Cristina Forconi



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[1] "ABC Color", 15 de abril de 2008, 10; "Última hora", 15 de abril de 2008, 12; "La Nación", 15 de abril de 2008, 5.
[2] Codice di diritto canonico commentato. A cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Ed. Ancora, Milano 2001, 172.
[3]
F. J. Urrutia, Facoltà abituali (Facultades habituales), en Nuovo Dizionario di Diritto Canonico. A cura di C. Corral Salvador, V. De Paolis, G. Ghirlanda, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1993, 480.
[4] V. De Paolis, Pena medicinale o censura (Poena medicinalis seu censura), en Nuovo Dizionario di Diritto Canonico..., 771. Cf. Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe comentada por los profesores de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca. Dirección: L. De Echeverría, BAC, Madrid 1983, 100.
[5] V. De Paolis, Pena medicinale o censura..., 771-772.   

 

16/04/08